
Docentes del Departamento de Ciencias de la Información y Comunicación Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, nos manifestamos en contra de las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un DNU refrendado en tiempo record por el Congreso Nacional, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La LSCA fue resultado de largas luchas de diversos sectores de la sociedad argentina por derogar el viejo decreto-ley de Radiodifusión del último régimen militar. No se trata de disputas recientes u oportunistas, sino que nacieron con la democracia y fueron tomando cuerpo en Universidades, carreras de Comunicación Social, sindicatos, agrupaciones profesionales de periodistas, cooperativas, organizaciones comunitarias y sociales que nunca abandonaron sus intentos por dar a luz una ley amplia, inclusiva, democrática y federal.
Desde esta carrera de Comunicación Social fuimos parte de ese camino. Tuvimos un papel activo y militante en el respaldo de los 21 Puntos para una Comunicación Democrática que derivaron en la Ley 26.522. Participamos de los debates junto con otras carreras de Comunicación de las universidades públicas argentinas. Activamos nuestras propias discusiones en foros locales y encuentros de Comunicación. Abrimos el proyecto a la discusión de la comunidad.
Fuimos parte de esa construcción. Y también fuimos y somos críticos de su implementación todas las veces que la práctica alejó la ley del espíritu para el cual fue creada.
Todos esos años de trabajo, de movilización, discusiones, debates, fueron borrados de la noche a la mañana por un Decreto de Necesidad y Urgencia que implicó eliminar la idea de la comunicación como un derecho humano, y retrotraernos a la lógica comercial que abonó el decreto-ley de la Dictadura.
Se cambió participación y representación multisectorial y federal en los órganos de gobierno por una autoridad única con predominio oficial. Se pasó del pluralismo a una “polifonía funcional” a los grupos de poder que controlan al gobierno. Se borró la representación social. Se eliminaron los artículos que impedían la concentración. Se excluyeron servicios monopólicos, como la televisión por cable. Se despedazó una ley discutida y analizada como ninguna otra ley de la democracia y votada en el Congreso Nacional por amplísima mayoría.
La Cámara de Diputados de la Nación, en una sesión ominosa, apoyó el DNU del presidente Macri y avaló ese procedimiento autoritario apenas dos días antes de la presentación realizada por organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición por una Comunicación Democrática, contra el DNU ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las afectaciones al derecho a la libertad de Expresión.
En esa audiencia, las organizaciones nucleadas en la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) que participaron de la elaboración de la ley aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2009, cuestionaron la derogación de los límites a la transferencia de licencias, sus prórrogas automáticas y la "tolerancia a la concentración" con la eliminación de trabas para la conformación de cadenas privadas.
El representante de la Red de Carreras de Comunicación, Daniel Badenes, denunció que el DNU desplazó a las casas de altos estudios de todos los espacios de toma de decisiones, tanto de la AFSCA como del Consejo Federal. Afirmó que “se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia”.
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano cuestionó que el DNU ratificado por Diputados "desarticula todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales”.
Estos motivos son los que nos mueven a mantener viva la LSCA y el debate. No vamos a permitir que nos arrebaten autoritariamente los logros conseguidos. Es por eso que, desde el Departamento de Comunicación Social, actualizaremos debates, impulsaremos discusiones dentro y fuera de las cátedras.
Vamos a seguir dando pelea por la ley de la democracia porque no solo está en serio riesgo la libertad de expresión sino también el derecho a la información y a la comunicación, que son el ambiente en la que nuestros egresados y egresadas ejercen su profesión.