Declaración del Consejo Superior de la UNCo en repudio al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos por los “fondos buitres”

DECLARACION Nº: 0002                                                                                  FECHA:  30/06/2014

Ante el no tratamiento por parte de la Corte  norteamericana sobre la apelación presentada por la Argentina en relación al fallo del juez  Thomas Griesa, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue manifiesta su rechazo conceptualmente a tal decisión, y propone que el Consejo Interuniversitario Nacional se pronuncie y promueva la participación de científicos e investigadores de las universidades nacionales, en el diseño de un nuevo esquema que permita encontrar una solución que no vulnere el desarrollo y crecimiento soberano de la Argentina.

La soberanía es una condición para el desarrollo y así lo vienen reconociendo  la mayor parte de las naciones del mundo. La apelación de la Argentina no solo fue respaldada por los países de América Latina sino también Francia, China, el G77  y el mismo gobierno de los EEUU.

El fallo del juez norteamericano significa  poner en duda todo un andamiaje de restructuración de deuda que posibilitó no solo avanzar en el desendeudamiento progresivo del país, sino redirigir el financiamiento hacia políticas de crecimiento e inclusión social. Los fondos buitres  además de posar sus garras en  la Argentina, han estado atacando países como Rusia y a los países pobres de Africa. Algunas víctimas de sus estrategias judiciales fueron la República Democrática del Congo, el Congo Braseville, Liberia y Zambia. Actualmente Grecia, inmersa en una crisis socioeconómica sin precedente, será la próxima presa de esta práctica depredadora que convalida un modelo de expoliación a nivel global.

La vulneración de derechos que estas prácticas generan alcanza incluso la violación misma del derecho a la vida.  En la Argentina el caso más cercano fue el de la empresa Iron Mountain (IRM), cuyo depósito en Barracas se incendió el año pasado y donde perdieron la vida nueve personas. Esta  empresa tuvo entre sus accionistas a Paul Singer, director del fondo buitre que accionó contra la Argentina y logró la retención temporal de la Fragata Libertad en los puertos de Ghana. La participación del estadounidense Paul Singer en el paquete accionario de Iron Mountain fue, al menos hasta el año 2012, a través del fondo NML Elliott Capital Management.

No cabe duda que esta modalidad de acción financiera es el resultado de lo que el mismo FMI viabilizó a través de un esquema que aplicó a los países de la periferia y que consistió en el círculo vicioso de sobreendeudamiento, crisis, default y posterior reestructuración con políticas de ajuste. Un esquema que vino repitiendo desde los años ’80 y profundizó en la década siguiente. En la larga duración del desarrollo capitalista, el carácter colonial y depredador que ha tenido la generación de deuda externa ha sido el mecanismo más efectivo para someter a las naciones emergentes a los intereses del capital concentrado.

En la coyuntura internacional actual, la presencia de este tipo de especulación  financiera fue alimentada por los propios organismos internacionales  pero también con la aparición de agencias fantasmas como las calificadoras de riesgo que integran los mismos fondos buitres. En este esquema se presiona a los países para que relajen regulaciones de todo tipo de modo que reciban, por la puerta grande, capitales foráneos. El negocio financiero infla la deuda externa, proceso que en algún momento se topa con un cambio en las condiciones de los mercados internacionales y explota. El país periférico entra en crisis y declara el default, que lo aleja de los mercados. La única manera de que el ciclo se recomponga es reestructurar la deuda. El mayor logro de la Argentina fue precisamente llevar a cabo esta reestructuración en forma soberana, sin la presencia del Fondo y desenmascarando los intereses de la mismas calificadoras de riesgo.

Ante la gravedad de que esta política extorsiva prospere, es que entendemos que las universidades públicas deben promover la participación de sus investigadores y científicos en el diseño de un esquema diferente en términos de equidad social, libertad y soberanía  nacional. Por ello reiteramos nuestro rechazo al fallo de Thomas Griessa y solicitamos que sea el CIN quien se pronuncie en el mismo sentido.

2014-07-01T14:26:20+00:00